La trasnacional Texaco, comprada por Chevron, se retiró de
Ecuador sin cumplir un contrato de reparación ambiental, señaló hoy el diario
El Telégrafo en su versión digital.
El rotativo destaca que en un informe de la Contraloría General realizado entre
los años 1997 y 2000 se indica que en 26 años de operaciones en las provincias
de Sucumbíos y Orellana, la compañía estadounidense perforó un total de 342
pozos, 549 piscinas y registró nueve derrames de crudo.
Del total de piscinas, debía proceder a la reparación
ambiental de 225, pero solo lo hizo en 158.
Detalla que las acciones realizadas equivalen al 69,60 por
ciento y el restante 30,40 fue excluido de las labores de la compañía.
Señala que pese a esas y otras anomalías detectadas, ninguna
autoridad de Petroecuador o del Ministerio de Energía y Minas de los gobiernos
de Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio ha exigido a
la compañía cumplir, al menos, con la rectificación del número de piscinas
constantes.
Resalta que en el informe se señala que en la reparación
ambiental de la región amazónica laboraron compañías que no fueron calificadas
previamente por la Dirección Ambiental Hidrocarburífera, la Dirección de
Protección Ambiental y la Subsecretaría de Protección Ambiental, por lo que
existen piscinas que requieren ser revisadas nuevamente de forma técnica.
Indica además que falta proceder con el tratamiento y
destino final del crudo degradado almacenado en un volumen de 50 mil barriles.
Tampoco se realizó la reinyección de agua de formación en la
mayoría de estaciones de producción, no se han reparado adecuadamente los
derrames y la revegetación de terrenos de las piscinas se hizo de forma
irregular.
La publicación refiere que el Estado ecuatoriano y Texaco
(Chevron) firmaron el contrato de reparación ambiental el 4 de mayo de 1995, en
el gobierno de Sixto Durán-Ballén.
Añade que autoridades del gobierno de Mahuad y de la
contraparte norteamericana suscribieron el Acta Final el 30 de septiembre de
1998, con la cual se procedió a liberar, absolver y descargar a las empresas
petroleras involucradas de cualquier demanda o reclamación de Ecuador.
Ante la afectación al ecosistema y la salud humana, 30 mil
indígenas, campesinos y colonos entablaron la respectiva acción legal contra la
petrolera, la cual tuvo presencia en alrededor de cinco millones de hectáreas del
nororiente amazónico.
En esas zonas se derramaron 16,8 millones de galones de
petróleo en el ecosistema, más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas
fueron arrojados a los suelos y ríos y 235 mil millones de pies cúbicos de gas fueron
quemados al aire.
La compañía se niega a pagar una indemnización de 19 mil
millones de dólares por daños ambientales y de salud de los nativos, ordenada
por un juez de Sucumbíos.
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